lunes, 1 de diciembre de 2008

Los arquitectos con delitos urbanísticos podrían ir a prisión

Los delitos contra la ordenación del territorio se saldan, en la mayoría de casos, con una simple multa. Un precio demasiado barato, según el fiscal de Medio Ambiente de Cádiz y coordinador de Andalucía, Ángel Núñez, quien alerta de que estas sanciones son ya asumidas como parte del coste de la construcción y no sirven para disuadir a los infractores. Ante la poca efectividad de las condenas, el fiscal propone dos medidas: la demolición y el endurecimiento de las penas, sobre todo en los nuevos tipos delictivos en los que no se trata sólo de un particular que construye sin licencia, sino que existe toda una trama en la que participan tasadores, empleados bancarios y arquitectos.

Las condenas podrían llegar a implicar en estos casos un mínimo de tres años de cárcel para los arquitectos y arquitectos técnicos que firman certificados falsos de obra para encubrir la ilegalidad de la construcción. Y sin necesidad de modificar la legislación. Según Ángel Núñez, sólo es necesario un cambio en la interpretación de los hechos: "La calificación jurídica de los hechos debe ser falsedad en documento oficial cometida por funcionario público. ¿Qué ventajas puede tener esto? No sólo que la pena mínima es aquí de tres años de prisión, sino que en la medida en que hemos llegado muy tarde a cientos de conducta de esta naturaleza, los plazos de prescripción son notablemente superiores". El fiscal considera que los técnicos implicados en estos delitos, en el momento de firmar los certificados de obra, realizan un servicio público y, por tanto, su labor puede asimilarse a la de un funcionario. "En el código penal el concepto de funcionariado es más amplio que en el lenguaje laboral".
Vía: El País: La Fiscalía pide prisión para los arquitectos con delitos urbanísticos

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